ANÁLISIS DE ABEL OCAMPO RUIZ
La seguridad ciudadana constituye un clamor nacional, por lo que la ciudadanía reclama al Estado que cumpla su función, nuestra Constitución prescribe que es el Presidente de la República el encargado de velar por el orden interno y la seguridad ciudadana, asignando a la policía los fondos necesarios destinados a satisfacer los requerimientos logísticos a fin de preservar el orden interno y garantizar la seguridad de las personas. Por esta razón es que se reconoce al Primer Mandatario como titular de la seguridad.
Es ese orden de idea que el reconocido abogado moyobambino Abel Ocampo Ruiz que afirma que “la prevención de los actos delictivos que se producen en nuestro medio, por razones obvias, no pueden ser preservados por órganos como la Secretaría Técnica de Seguridad Ciudadana con el GORESAM, de las municipalidades, juntas vecinales o rondas campesinas, pues ninguna de ellas cuenta con el equipo logístico que les permita maniobrar contra las diversas modalidades de delito, por lo que los pronunciamientos o requerimientos sobre seguridad deben dirigirse al titular de la protección ciudadana”
De otro lado afirmó que una mayor cantidad de efectivos policiales no garantiza la seguridad, como creen algunos, por lo que debe exigirse la presencia de personal especializado en inteligencia táctica, además de la instalación de un departamento de criminalística que permita esclarecer los crímenes con más rapidez y efectividad aparte de otras unidades de alta tecnología.
Trajo al debate conceptos como las del Coronel (r) Julio Gonzáles, quien afirma que no solo es cuestión de reclamar seguridad ciudadana sino proponer alternativas de solución y que para contrarrestar a corto plazo los altos índices delincuenciales se debe entregar a los municipios las actividades extra-institucionales, por ejemplo la policía de tránsito, forestal, niño y adolescente, turismo, etc, lo que permitiría aumentar los efectivos de las unidades especializadas (DIRANDRO, DINCOTE, DININCRI, comisarías, inteligencia y unidades especializadas –radio patrulla, SUAT, operaciones especiales, etc; además propone otras medidas operativas y de prevención contra la criminalidad; agrega además que la delincuencia no se combate apelando al dispositivo legal de “renovación policial”.
También recogiò las apreciaciones del Teniente General PNP Josè Tisoc, quien sostiene que debe haber labor preventiva con policías en las calles y atender rápida y oportunamente los llamados de emergencia, igualmente se deben establecer comisarías repotenciadas con recursos humanos suficientes con tecnología de punta y equipamiento adecuado que permita al personal policial desplazarse dentro del área geográfica en que labora, sugiere ademàs establecer parámetros estrictos de calidad en el proceso de selección a las Escuelas Técnicas de Formación Policial con un máximo de 7 Centros a nivel nacional y no 28 como ahora, capacitándolos especialmente para que sus intervenciones sean oportunas ante hechos que constituyen delito o falta.
El abogado moyobambino concluye señalando que “Constitucionalmente la Policía Nacional garantiza la seguridad, previniendo, investigando y combatiendo la delincuencia; su Jefe Supremo es el Presidente de la República. Cuando la integridxd resulta extrema, el Ejecutivo Nacional declara Estado de Emergencia como ocurrió recientemente en el Callao”