Los gobiernos regionales de la Amazonía peruana que concentran el 94% de los bosques del país continúan el proceso para implementar la Declaración Conjunta de Intención (DCI) entre el Perú, Noruega y Alemania, acuerdo que se impulsa desde el Programa Bosques del MINAM con el objetivo de contribuir con los esfuerzos nacionales para reducir la deforestación de nuestros bosques y las emisiones de gases de efecto invernadero.
Para fortalecer este proceso, los gobiernos regionales de Amazonas, Loreto, Ucayali y San Martín, contarán con el apoyo técnico de profesionales quienes facilitarán el cumplimiento de los compromisos y metas asumidas por las autoridades regionales en el marco de la DCI, vinculadas a la titulación de comunidades nativas, ordenamiento territorial, entre otros, que tendrán un impacto significativo en la reducción de nuestra pérdidas de bosques amazónicos.
Estos profesionales operarán como enlaces regionales y han sido elegidos luego de un amplio proceso de selección, en coordinación con los gobiernos regionales. Tendrán entre sus funciones la articulación de los planes concertados con los objetivos de la DCI y que al mismo tiempo respondan a los resultados esperados de la reciente aprobada Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio Climático (D. S. N° 007 – 2016 – MINAM), documento que establece los lineamientos para hacer frente, de manera integral y multisectorial, a la deforestación de nuestros bosques y asegurar su conservación,
Sobre la Declaración Conjunta de Intención (DCI)
Como se recuerda, la DCI es un acuerdo firmado por los ministros del ambiente de los tres países en setiembre de 2014. Tiene como objetivo impulsar en el Perú medidas que contribuyan a una gestión eficiente de los bosques, permitiendo recibir una retribución de hasta 1800 millones de coronas noruegas por el cumplimiento de metas hasta el 2020 mediante tres fases.
Actualmente se implementa la Fase II que incluye acciones determinantes a nivel de cada región pero de impacto nacional, como el cese de las autorizaciones de cambio de uso de las tierras de aptitud forestal y de protección; contar con una evaluación del impacto de la deforestación y degradación forestal en la Amazonía; reducir en un 50% el área de bosques sin asignación legal de categoría de uso; regularizar la tenencia de por lo menos 5 millones de hectáreas de tierras indígenas mediante reconocimiento, demarcación, titulación, ampliación y registro de comunidades nativas; incluir al menos 2 millones de hectáreas bajo incentivos por conservación de bosques en comunidades nativas, entre otros.
En la medida que el país cumpla con los objetivos trazados en esta fase, recibirá un pago por los resultados obtenidos que los gobiernos regionales podrán emplear para el financiamiento de proyectos que se encuentren establecidos en sus respectivos planes de desarrollo regional concertado y que contribuyan al manejo sostenible y conservación de bosques con participación de la población.