A pesar de tener pruebas contundentes sobre hurto agravado, dos trabajadores del Poder Judicial podrían salir libres del proceso que vienen afrontando, se trata de la servidora pública del Poder Judicial, Palmer Cahuaza Quintana y Alex Ronald Barrios Chancafe, quien se desempeñaba como secretario judicial del Juzgado Mixto de Moyobamba.
Ambos trabajadores cometieron un acto irregular el pasado 15 de enero del 2014, cuando la trabajadora habría acudido al Banco de la Nación de la agencia de Rioja, a fin de que se efectivizara el pago del certificado de depósito judicial N° 2004053100633 por la cantidad de 63 MIL 531.47; acudiendo acompañada por el imputado Alex Córdova Barrios Chancafe; monto que por ningún motivo les pertenecía , y que más bien era proveniente de un proceso judicial ventilado en el Juzgado Mixto de Moyobamba, seguido por la empresa “R y R Constructores SRLTDA” contra la empresa Consorcio “TRANSLEI SUPERCONCRETO”, sobre la obligación de dar suma de dinero, que se encontraba bajo custodia del secretario judicial, Rene Guevara Fustamante, y cuando en ese entonces, estaba ejerciendo la labor de juez en el Juzgado Mixto de Moyobamba, la Dra. María Aurora Valencia Espinoza, estas dos últimas personas eran los únicos operadores jurídicos encargados de otorgar la orden de pago y por ende, de realizar la autorización del endoso a favor de personas debidamente acreditadas y legítimas en el proceso judicial.
Sin embargo los dos trabajadores imputados habrían falsificado las firmas para cobrar el dinero de depósito judicial, y las pruebas existen hasta en cámaras de video que cuenta la entidad financiera; la denuncia fue hecha el 10 de noviembre del año 2014 por el Juzgado Mixto de la Corte Superior de Justicia de San Martín,a cargo del Dr. Abner Jackarol More Sosa, ante el secretario judicial.
El delito cometido por los servidores públicos es considerado como hurto agravado, es decir que deben recibir una sanción ejemplar, sin embargo dichos trabajadores seguían laborando en la sede judicial pese a reconocer su participación en lo ocurrido.
El fiscal ha solicitado 03 años de pena privativa de la libertad, es decir afrontarán su proceso en libertad, teniendo en cuenta que los trabajadores del Poder Judicial deben practicar con el ejemplo; se tiene conocimiento que el juez que está llevando el caso no estaría aceptando la solicitud del fiscal. (Franclin Lavan)