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martes, mayo 7, 2024

“Fujimori atentó contra derechos laborales de Ley del Profesorado”

René Ramirez Puerta
René Ramirez Puerta

En declaraciones a este medio de comunicación, el exsecretario general del Sindicato de Trabajadores en la Educación SUTEP René Ramírez Puerta, sostuvo que el gobierno nefasto del preso Alberto Fujimori, atentó contra los derechos laborales del magisterio, al emitir el Decreto Supremo 051 de 1995, donde cambia el concepto de pago por preparación de clases, luto y sepelio, y por tiempo de servicio, que contemplaba la Ley del Profesorado Nº 24029, donde se establecía los porcentajes de pago por cada concepto, como por ejemplo el 30 por ciento de la remuneración total por preparación de clases; la norma de Fujimori, interpretaba ese porcentaje teniendo como base la remuneración permanente que perjudicaba a los docentes que recibieron montos irrisorios de 19 soles por preparación de clases, hasta el 2012.

Estos atentados a los beneficios laborales del magisterio, originó la deuda social que el Estado le debe a todos los docentes del Perú, desde 1996 hasta el 2012, año donde se aprueba la Ley de la Reforma Magisterial, derogándose la Ley del Profesorado.
“Desde entonces el SUTEP luchando para que esa deuda sea reconocida y cancelada en cada una de las regiones”, dijo Ramírez Puerta.

El dirigente señala que el SUTEP incluso llegó hasta el Tribunal Constitucional (TC) para que esa instancia de garantías constitucionales, reconozca que la deuda por beneficios laborales, sea establecida de acuerdo a la Ley del Profesorado, pues estos se han ganado en plena vigencia de la norma.

“El TC falló a nuestro favor, es por ello que las sentencias judiciales por estos casos que accionan los docentes, se fallan teniendo en cuenta las recomendaciones del Tribunal Constitucional”, acotó.

René Ramírez Puerta, manifestó también que en la región Loreto al igual que en otras regiones, algunos docentes accionaron demandas judiciales solicitando a las Unidad de Gestión Educactiva el pago de esos beneficios.

“Estas acciones permitieron conocer el monto a pagar de quienes recibieron las sentencias a su favor”, mencionó. (Roger Torres)

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