Sutherland considerado uno de los criminólogos más influyentes del Siglo XX, quien concentró sus esfuerzos teóricos en encontrar una explicación al fenómeno de la criminalidad de las clases superiores y así modificar la noción de que la delincuencia se daba solo en la clase baja. Morris en 1934 focalizó sus investigaciones en quienes “a causa de su posición social, su inteligencia y técnica para el crimen están en condiciones de moverse entre los demás ciudadanos virtualmente inmunes a toda consideración o condena”, Veblen con la “Teoría de la clase ociosa”, en la que se establecía una relación profunda entre el prototipo de capitalista (Hombre adinerado) y el delincuente ideal, toda vez que ambos se valían de métodos eficaces; pero no legítimos para obtener el resultado esperado. Para Veblen, se diferenciaban en que el primero de ellos se arriesgaba menos porque se mantenía más alejado del conflicto legal.
Este uso abusivo del poder oficial abarca una amplia gama de modalidades, que va desde el nepotismo o desmedida preferencia mostrada en el trato oficial hacia parientes, hasta la percepción directa de sumas en dinero y participación en beneficios o utilidades económicos a cambio de la intervención en beneficio de particulares. Otras veces se produce como actuación en reciprocidad de beneficios análogos obtenidos previamente o a los que se quiere acceder en otras instituciones públicas, para la promoción personal o política.
Respecto a lo que sucede en la Región San Martin con nuestros politicos dice la tratadista Marina Ramírez Altamirano en su obra “Ética en la función Pública”: “Se da un tráfico de influencias cuando se hacen recomendaciones específicas para nombramientos u otorgamiento de beneficios, cuando se hacen sugerencias o mandatos velados a los encargados con el fin de que hagan o dejen de hacer una acción concreta, con favorecimiento para un tercero, cuando se hacen recomendaciones para otorgar licencias o concesiones, cuando se sugiere o se ordena al subalterno la omisión o el facilitamiento de un trámite, etc. Si por su intervención el funcionario cobra un determinado precio, incurre además en una conducta delictiva”.
Lo más sorprendente de todo es que esta clase de delincuentes, con el cinismo y desparpajo más grande hablan de ética ,moralidad y salen a los medios de comunicación, se quejan de la competencia de los otros delincuentes con alias y le reclaman a la Policía Nacional, reforzar la vigilancia, equipar a sus miembros de radios de comunicación, vehículos, helicópteros, armamento y un considerable reajuste salarial, además de esgrimir por doquier que la seguridad ciudadana es una responsabilidad del estado, que ellos mismos se han encargado de desfalcar.
Pregunto ¿Será posible que el Poder Judicial a través de sus sentencias marque la diferencia no solo con la pena de privación de la libertad; si no les obligue devolver parte de esos recursos que se han robado al pueblo como reparación civil a favor del estado, para que realmente se pueda mejorar el clima de inseguridad ciudadana que hoy vivimos? La pelota está en la cancha del Ministerio Publico y el Poder Judicial ¡hagan su trabajo!, esa riqueza no ha sido ganados en buena lid y solo son vulgares delincuentes, por el bien de ustedes mismos, pues cuando el pueblo no aguante más y decida lanzarse a las calles a reclamarles se lamentaran. Esperamos la diligencia procesal, que no se repita la historia de resolver esa “travesura” con la trampa legal de la prescripción de sus delitos. Con frecuencia en tales casos ellos se creen inocentes, recuerde que la prescripción es para los delincuentes y no para inocentes.