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jueves, abril 25, 2024

Entre conflictos y cambios de minisitros

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Las altas temperaturas no sólo se deben al declarado período estival, sino también a que se ha iniciado el año con un notorio incremento de la conflictividad social. Varios conflictos en diferentes partes del país se han reactivado y han elevado la temperatura en el terreno social y político: en la Amazonía, la toma de los pozos en el lote 1AB en tres cuencas en la región Loreto desde inicios de enero; los recientes sucesos en Pichanaki en Junín y la tensión permanente en la provincia de Condorcanqui en la región Amazonas. En zonas de influencia minera, tenemos los casos de Tía María en la provincia de Islay, Arequipa, donde la población acaba de organizar una gran movilización en contra del proyecto minero; el de Las Bambas en Cotabambas, Apurímac; el caso Uchucarco en la provincia de Chumbivilcas en Cusco y la permanente conflictividad en regiones como Cajamarca y Ancash. Según la base de datos de la Defensoría del Pueblo, en los últimos meses se han registrado por lo menos 10 nuevos conflictos activos.

Si hasta hace un tiempo el gobierno se ufanaba de una supuesta estrategia preventiva para enfrentar los conflictos, en los últimos meses ha quedado demostrado que ésta no existe o ha sido sobredimensionada. Todos los conflictos mencionados coinciden en que son casos que se arrastran desde hace bastante tiempo y en donde las poblaciones denuncian una total indiferencia y desatención de parte del Estado. Las denominadas mesas de desarrollo, impulsadas por la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros, en la práctica no operan y en el mejor de los casos han sido instancias que permitieron hacer frente a la emergencia provocada por una determinada movilización social.

Como ocurrió al inicio de este gobierno, en la tercera semana de febrero buena parte del gabinete ha tenido que ser removido en un escenario de creciente conflictividad social. Los ministros de Energía y Minas, Justicia e Interior, agotaron sus funciones en Pichanaki y entraron a la picota con un par de ministros más. En el caso específico del sector Energía y Minas, ha sido nombrada como ministra la abogada Rosa Ortíz Ríos, ex jefa del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) y que no hizo nada notable en esta institución. Este organismo, que fue creado el año 2013, adscrito al Ministerio del Ambiente, debía asumir las funciones de revisar y aprobar los EIA detallados de los diferentes proyectos de inversión pública y privada; sin embargo hasta el momento no se le ha transferido las funciones desde los ministerios.

Lo cierto es que el gobierno ha entrado al último tramo de su período mostrando no sólo debilidad sino también una marcada incapacidad operativa para enfrentar contextos difíciles. Por otro lado, los principales gremios empresariales, como la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) y la propia Confiep, han elegido nuevas directivas y continúan a la ofensiva para lograr mayores beneficios: el flamante presidente de la SNMPE, en una de sus primeras declaraciones públicas ha lanzado fuertes críticas contra el Ministerio del Ambiente, mientras que el elegido presidente de la Confiep no se ha quedado atrás y sigue machacando el tema de la tramitología.

Queda claro que los gremios empresariales se están preparando para enfrentar la actual coyuntura y el próximo proceso electoral que se avecina. Mientras tanto seguirán intentando sacarle algunas medidas a su favor a un gobierno débil e inestable. El Decreto Supremo 001-2015-EM, aprobado el pasado 6 de enero, que flexibiliza peligrosamente los requisitos para el uso del terreno superficial y otros aspectos como la reducción de plazos en los procedimientos mineros y la eliminación de la obligación de monitoreo ambiental, es un buen ejemplo de esta tendencia que busca favorecer a las empresas al mismo tiempo que afecta derechos de las poblaciones.

La consecuencia directa es un malestar que se expande a lo largo y ancho del país y que está a la base del incremento del número de conflictos activos. Todo indica que se ha iniciado un año que será bastante movido en el terreno social y también en el político.

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